El Pleno del Congreso aprobó hace unas semana una histórica modificación de la LOREG, que restituye el derecho al sufragio a las 100.000 personas que no podían votar por tener modificada legalmente su capacidad, la mayoría de ellas, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Con esta reforma, la Cámara atiende una demanda histórica de organizaciones de la discapacidad. Desde hace 7 años, Plena inclusión ha tratado de concienciar a la ciudadanía y los poderes públicos sobre la discriminación a las personas con discapacidad intelectual, a las que se sacaba del censo electoral de forma automática. Lo ha hecho contando con el protagonismo de estas personas.
Tras esta reforma, habrá que volcarse en la demanda de que toda la información sobre el proceso electoral sea más comprensible.
